Los empleados públicos recuperan por Ley días de libre disposición

Este tema ya me ha dado para dos artículos previos, con este serán tres. Y no es baladí el asunto porque tras muchos dimes y diretes en los Tribunales, todo queda en agua de borrajas. Enseguida entenderéis porque utilizo estas expresiones para definir lo que ha ido pasando en relación con la regulación de permisos de libre disposición y vacaciones de los empleados públicos.

Haciendo una breve recapitulación de lo acontecido: El Gobierno central en 2012 (bajo la manida fórmula de Real Decreto-ley) redujo el número de días libres “moscosos” que podía disfrutar al año el empleado público, modificando al tal efecto el precepto correspondiente de la Ley 7/2007, de 12 de julio, del Estatuto Básico del Empleado Público; lo propio hizo con los días de libre disposición y vacaciones que se les conceden adicionalmente a los funcionarios al llegar a determinadas antigüedades en su prestación de servicios dentro de la Administración (“canosos“). Así las cosas, distintas demandas han interpuesto funcionarios y empleados públicos reclamando la devolución de los días de permiso y vacaciones adicionales, de los cuales eran ya acreedores, ante lo que consideraban una supresión no ajustada a Derecho; en La Rioja los Fallos de la Sala del Tribunal Superior de Justicia han dado la razón a la Administración, aunque también hubo una de primera instancia que daba la razón a los trabajadores.

Tras todo lo narrado, resulta que tres años después y merced a una recuperación económica que, desde mi punto de vista, está por ver hasta qué punto se consolida o no, así como a un interés preelectoral (opinión personal también), el Gobierno central ha restituido el pasado sábado, momento en que fue publicado y entró en vigor el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, los seis días de permiso de libre disposición al año a los empleados públicos que les es de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público (hasta el pasado 11 de septiembre eran tres al año).

Por otro lado, también se restituye, incorporando una disposición adicional decimocuarta, el apartado relativo al derecho a días de permiso de libre disposición adicionales por antigüedad de los empleados públicos (los llamados permisos ?canosos?), a quienes les es de aplicación el Capítulo V, del Título III, del Estatuto Básico del Empleado Público, por lo que vuelven a tener derecho a disfrutar de dos días adicionales de permiso al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

Igualmente, en relación a los días de vacaciones generados por antigüedad (aclaro que en este caso se trata de una modificación en sí, no de restituir la regulación anterior), se añade una disposición adicional decimoquinta a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que dispone que “cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos“.

Con estas medidas, junto con la devolución este otoño de 48 días correspondientes a la paga extraordinaria de navidad de 2012 suspendida a los empleados públicos, parece que las aguas vuelven poco a poco a su cauce.

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