Funcionarios de La Rioja recuperan ‘canosos’ por sentencia

Hoy he leído en la prensa una noticia de especial relieve para los funcionarios, la cual no he podido menos que pasar a comentar en mi sección de Noticias. Me refiero a unas recentísima sentencia, de 9 de julio de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño, cuyo texto no he podido conseguir aún (en cuanto la tenga, la comparto?), en virtud de la cual se reconoce el derecho de un grupo de funcionarios de la Administración Autonómica de La Rioja a disfrutar los permisos por días ?canosos? (días de libre disposición obtenidos en función de la antigüedad en la administración pública), así como aquellos días de vacaciones obtenidos por antigüedad, consolidados en ambos casos antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Recordemos que el citado Real Decreto-ley, en su Art. 8, modificó el Art. 50 la Ley 7/2007, de 12 de abril, de Estatuto Básico del Empleado Público, en el cual se regulan las vacaciones de los funcionarios, incluyendo el siguiente apartado:

Tres. Desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, quedan suspendidos y sin efecto los Acuerdos, Pactos y Convenios para el personal funcionario y laboral, suscritos por las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas, en lo relativo al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre disposición o de similar naturaleza.

Así las cosas, el Juzgado entiende, haciendo suyas las alegaciones presentadas por la representación letrada de los trabajadores, que dichos días de vacaciones o de permiso consolidados constituyen un ?derecho adquirido?y que no es posible ?negar injustamente derechos consolidados a los funcionarios per se?. Igualmente, asegura que ?no se puede lesionar ni perjudicar los derechos firmemente adquiridos?. Tras estos argumentos se condena a la Administración al pago de las costas procesales.

Estaremos atentos a la posible extensión de este reconocimiento al resto de funcionarios de la Administración Autonómica, ya sea vía judicial, vía negociada entre las partes negociadoras competentes en cada ámbito o vía de oficio por parte de la propia Administración.

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